El paro con otros ojos: Desempleo y reparto del trabajo (Economía sumergida)

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La economía sumergida existe, pero no aparece en las estadísticas oficiales. A la espera de que el INE, obligado por la UE, publique en 2012 una aproximación del dinero B que se mueve en España, según FUNCAS (Fundación de las Cajas de Ahorros) utilizando indicadores sobre el consumo de energía, el uso de capitales y el conocido como MIMIC (Multiple Indicator and Multiple Causes) calculan que la economía sumergida supone entre el 17% y el 24 % del PIB.

El informe destaca que el aumento de la economía sumergida coincide con el fuerte crecimiento de la actividad económica oficial, aunque con claras divergencias. Si en los últimos 30 años la economía española se duplicó, la sumergida se cuadruplicó, debido al aumento de la presión fiscal entre otros.

Sólo en la pasada década, el estado dejó de recaudar 32.000 millones de €, lo que equivale al 5,6% del PIB oficial, o lo que es lo mismo, que el famoso déficit actual quedaría, reducido en una buena parte.

Se calcula que en 2008 en España, 4 millones de personas trabajaban en la economía sumergida. Con la llegada de la crisis, esta cifra probablemente haya disminuido. Pero también es factible que una parte de la propia actividad económica haya pasado “al lado oscuro” y sólo haya habido una disminución efectiva en los sectores más visibles. La realidad, es que los datos y los estudios en este tema, no pueden ser excesivamente fiables. Surgen muchas preguntas como: ¿Cuántas de estas personas han pasado a engrosar las listas del paro? ¿Cómo es posible concebir que en un país europeo desarrollado casi un 15% de su población activa, trabajara en la economía sumergida? ¿Son suficientes las medidas que se han anunciado para sacar a la luz el trabajo en negro?

Quizá la economía sumergida explique en parte, que un país con más de un 13 % de la población total desempleada con tasas de desempleo superiores al 25 % no haya entrado en situaciones de tensión social más graves.

El control de la Administración debe existir. Pero a su vez, debe facilitar y agilizar el propio sistema de contratación y reducir trabas burocráticas, para evitar la tentación de desplazar a la ilegalidad muchos trabajos temporales o con jornadas reducidas.

Rafael Serrulla

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